Migrantes, el laberinto cruel, o cómo el Gobierno español les condena a la miseria y la desesperación.

El sociólogo holandés Hein de Haas expone con claridad la hipocresía de los políticos que gobiernan en la actualidad, tanto de "derechas" como de "izquierdas" (ya que tanto a Sumar como al PSOE se les considera de izquierdas). PP y PsoE mantienen un discurso de mano dura contra la inmigración porque en realidad saben perfectamente que la economía liberal se apoya en esa misma mano de obra barata que llega cada día. 

Esa es la verdadera razón de esta falta de voluntad política para frenar la inmigración clandestina, que es tan real como la inmigración misma. Y saben muy bien que si frenan la inmigración, sectores clave de la economía colapsarían. Esa es la verdad incómoda que ni PP ni PsoE quieren decir en público. Por eso la migración es criminalizada, explotada y, después de ser rentabilizada en votos, convenientemente olvidada en los discursos oficiales. Mientras, los negocios siguen funcionando gracias a inmigrantes que trabajan en las sombras.

El filibusterismo institucional contra la inmigración del Estado español sigue empleando la misma táctica de siempre, disfrazada ahora bajo la retórica de "control de fronteras" y de "políticas de seguridad", cuando lo que realmente están haciendo es perpetuar una violencia sistemática, una violencia institucional que destroza vidas, en silencio, sin pestañear.

Nos han vendido la narrativa de la "amenaza migratoria", mientras erigen muros invisibles, diseñados para dejar a miles de personas atrapadas en un limbo de desesperación y abandono. Todo está fríamente planificado para ralentizar el proceso, hundiendo a quienes buscan una vida mejor en un pantano de burocracia y racismo institucional. Pero no es simple ineptitud: esto es violencia pura. Cuando niegas derechos, cuando tratas a las personas como números o inconvenientes que simplemente retrasas hasta que se cansen, estás ejerciendo una opresión calculada. Ejemplos reales hay muchos, destaco estos tres:

1. La tragedia en Melilla

En junio de 2022, la tragedia en la frontera de Melilla fue una muestra clara de la violencia institucional. Casi 40 migrantes murieron al intentar cruzar la frontera desde Marruecos hacia el enclave español. Mientras las autoridades se apresuraban a justificar sus acciones en nombre de la seguridad, quedó patente cómo las políticas migratorias restrictivas condenan a personas a situaciones inhumanas, expuestas a la muerte en su desesperación por una vida mejor.

2. Los jornaleros en Huelva

En los campos de Huelva, miles de migrantes, muchos de ellos en situación irregular, trabajan en condiciones deplorables recogiendo fresas y frutos rojos, un sector esencial para la economía agrícola española. A menudo, los empresarios se benefician de la situación vulnerable de estos trabajadores, a quienes pagan salarios mínimos o, en algunos casos, por debajo de lo legal. Mientras tanto, los discursos políticos siguen criminalizando la inmigración irregular, ignorando que esos mismos migrantes son una pieza clave para sostener sectores productivos.

3. La Ley de Extranjería

La Ley de Extranjería en España es un claro ejemplo de esta violencia institucional. Muchos migrantes que llevan años residiendo en el país siguen en situación irregular debido a los complicados y restrictivos requisitos para regularizar su situación. A través de esta ley, el Estado no solo ejerce control sobre la vida de estas personas, sino que las condena a vivir al margen de la sociedad, sin acceso a derechos básicos como la sanidad o la educación, perpetuando así un ciclo de exclusión y precariedad.

La hipocresía política y el Estado cómplice.

Mientras demasiados políticos llenan sus discursos de "solidaridad" y "humanidad", en la práctica lo único que hacen es dilatar, deshumanizar y criminalizar a quienes solo buscan sobrevivir. El Estado español, en lugar de ofrecer una solución efectiva, se convierte en cómplice de la miseria, sumido en un ciclo de violencia sistemática que golpea siempre a los mismos: los más vulnerables.

Este tipo de violencia no se ejerce con golpes físicos, sino con barreras burocráticas, aplazamientos interminables, excusas administrativas que actúan como una forma de maltrato. Esta violencia silenciosa, que despoja a las personas de su dignidad y derechos fundamentales, se esconde tras procedimientos que, en apariencia, parecen inofensivos. Pero la realidad es que cada aplazamiento, cada obstáculo burocrático, es una forma de opresión.

Conclusión

No podemos seguir disfrazando esta realidad de la inmigración bajo el manto de "políticas de seguridad". Lo que está ocurriendo es violencia institucionalizada. Es un abuso sistemático, una vergüenza nacional que no podemos permitir que siga ocurriendo. Este sistema no solo está fallando, sino que está deliberadamente diseñado para hacer fallar a aquellos que buscan un futuro mejor. 

Cada día que el Estado continúa con estas prácticas, el sufrimiento y la opresión crecen, afectando a los más vulnerables. Y aquellas personas que deberían estar recibiendo ayuda y protección lo que reciben son castigos disfrazados de burocracia.